El nuevo modelo económico: corregir sin destruir

Zurdok · 28 de Marzo de 2026, 06:44 PM

En una economía social de mercado, el Estado no reemplaza al mercado, pero sí actúa cuando este produce resultados inequitativos o abusivos.

Durante décadas se nos dijo que había una única forma de hacer economía: dejar al mercado operar, limitar el Estado a lo mínimo y confiar en que el crecimiento, por sí solo, terminaría derramándose sobre la sociedad. Ese fue el corazón del llamado consenso neoliberal. Sus resultados son conocidos: estabilidad macroeconómica relativa, sí, pero también desigualdad persistente, informalidad estructural y exclusión social.

Hoy Colombia está ensayando algo distinto. Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, se ha abierto paso un viraje que no implica una ruptura caótica, como sugieren sus críticos, sino una reconfiguración del modelo económico hacia una forma contemporánea de economía social de mercado. Es decir, un sistema donde el mercado sigue siendo motor de crecimiento, pero el Estado interviene activamente para corregir desigualdades, orientar el desarrollo y garantizar derechos.

La clave conceptual de este giro está en la redistribución —y, más aún, en la pre-distribución— del ingreso. La reforma tributaria de 2022 introdujo mayor progresividad fiscal, reduciendo privilegios históricos y aumentando la contribución de los sectores de mayores ingresos. Al mismo tiempo, los incrementos reales del salario mínimo buscaron mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Contra todos los pronósticos ortodoxos, estos cambios no destruyeron empleo. Por el contrario, en un contexto de recuperación económica, el aumento del ingreso contribuyó a dinamizar la demanda interna. La economía no colapsó: se reequilibró. Este hecho, respaldado por los datos recientes de empleo e inflación, obliga a revisar supuestos que durante años se presentaron como verdades incuestionables.

Pero el modelo no se agota en la redistribución. Apunta también a una transformación estructural de la economía. Colombia ha sido históricamente dependiente de la exportación de materias primas, particularmente hidrocarburos. El nuevo enfoque busca diversificar la base productiva, fortaleciendo sectores como la agroindustria, la manufactura y el turismo. No se trata solo de una transición energética, sino de una recomposición productiva más profunda.

En este marco, la inclusión social deja de ser un asunto marginal para convertirse en eje económico. La economía popular —tradicionalmente vista como informalidad a corregir— empieza a reconocerse como una realidad productiva que requiere políticas de fortalecimiento, acceso al crédito y protección social. De igual manera, la política social en salud, educación y transferencias deja de entenderse como gasto para asumirse como inversión en productividad futura.

Un elemento particularmente relevante de este modelo es la recuperación de la función reguladora del Estado, especialmente en sectores sensibles como los servicios públicos. Durante años, la estructura tarifaria trasladó riesgos empresariales a los usuarios mediante mecanismos como el cargo por confiabilidad en energía o la inclusión de inversiones no operativas en la tarifa de agua. Esto no es eficiencia de mercado: es una distorsión regulatoria que termina afectando a los hogares, especialmente a los más vulnerables.

Corregir estos desbalances no implica eliminar el mercado, sino hacerlo funcionar en condiciones más justas. En una economía social de mercado, el Estado no reemplaza al mercado, pero sí actúa cuando este produce resultados inequitativos o abusivos. Esa es la diferencia entre un modelo que tolera la concentración y uno que busca equilibrio.

Finalmente, Colombia está empezando a proyectar esta discusión hacia el ámbito internacional. El cuestionamiento al sistema de arbitraje de inversiones —que permite a empresas demandar a Estados por decisiones de política pública— plantea un debate de fondo sobre soberanía económica. No se trata de rechazar la inversión extranjera, sino de redefinir sus reglas para que no limite la capacidad democrática de los Estados.

Lo que está en juego no es menor. No es solo una política económica coyuntural, sino la posibilidad de construir un nuevo equilibrio entre mercado y Estado. Un modelo donde el crecimiento no sea incompatible con la equidad, y donde la estabilidad no se logre a costa de la exclusión.

Ese, en esencia, es el cambio.

Fuente: Al Mayadeen

Tarimba

Noticias:

El nuevo modelo económico: corregir sin destruir

Zurdok